La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil investiga si Leire Díez realizó gestiones para tratar de favorecer la situación procesal del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, en el juicio por la adjudicación de los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar.
Según han publicado diferentes medios de comunicación, la UCO ha entregado al juez Santiago Pedraz varios documentos vinculados a esta causa judicial. Los escritos, fechados entre 2020 y 2021, habrían sido elaborados durante la instrucción del caso y recogían argumentos relacionados con la situación judicial de Vicente Fernández, antiguo alto cargo de la Junta de Andalucía y expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
Una causa ligada al futuro de la mina
La investigación apunta a que Díez habría mostrado un especial interés por este procedimiento, que durante años estuvo en manos de los juzgados sevillanos. Uno de los documentos recogía argumentos favorables al archivo de la causa, apoyándose en el criterio de la Fiscalía, mientras que otro planteaba la posibilidad de que Fernández pudiera volver a ocupar responsabilidades públicas mientras la instrucción seguía abierta.
El caso tiene una especial relevancia para Aznalcóllar y los municipios de su entorno, ya que afectaba directamente al concurso público para la adjudicación de la explotación de la mina, uno de los proyectos considerados clave para el futuro económico de la comarca.
El juicio comenzó el 3 de marzo de 2025, más de una década después de la concesión de los derechos mineros, y sentó en el banquillo a 16 acusados, entre ellos antiguos altos cargos, funcionarios y empresarios. Finalmente, la Audiencia Provincial de Sevilla absolvió en diciembre de 2025 a todos los acusados al considerar que no habían quedado acreditados los delitos atribuidos.
Una investigación abierta
La nueva línea de investigación no cuestiona directamente la sentencia absolutoria ya dictada, sino que se centra en determinar si Leire Díez pudo intentar influir en el desarrollo del procedimiento judicial vinculado a Aznalcóllar. Los investigadores también analizan su posible presencia en el juicio y sus contactos durante la vista oral.
El asunto vuelve a situar a la mina de Aznalcóllar en el centro de la actualidad judicial y política nacional, aunque por ahora se trata de una investigación en curso y no de una condena. La causa está en manos del juez Santiago Pedraz, que deberá valorar el alcance de la documentación remitida por la Guardia Civil.


